La vicepresidenta del PP de Córdoba, Mª Jesús Botella, ha afirmado que “los impagos de la Junta de Andalucía están poniendo en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas y cooperativas que prestan la ayuda a domicilio en la provincia de Córdoba”.

La Junta de Andalucía transfiere al Instituto Provincial de Bienestar Social cada dos meses la cuantía correspondiente a la Ley de Dependencia en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el último pago que la administración autonómica realizó al IPBS fue el correspondiente al periodo de mayo y junio. “La Junta adeuda el pago correspondiente a los meses de julio y agosto, lo que supone una cuantía de 4,21 millones de euros”.

“Ni la Diputación ni los ayuntamientos saben cuánto y cuándo abonará la Junta de Andalucía el dinero correspondiente a la Ley de Dependencia ya que aún no ha firmado la resolución correspondiente al segundo semestre de 2016”, ha asegurado Botella.

Esta situación de impago está llevando a muchos ayuntamientos de la provincia, 67 de los 75 son menores de 20.000 habitantes por lo que dependen de la transferencia del IPBS, al impago a las pequeñas empresas y cooperativas que en muchos municipios ofrecen el servicio de la ayuda a domicilio en cumplimiento de la Ley.

“Se incumplen los grandes objetivos con los que nació la Ley, que era ofrecer un servicio a las personas dependientes y crear empleo en el medio rural”, ha afirmado la vicepresidenta del PP de Córdoba.

Por ello, antes de la firma el próximo mes de diciembre del convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación, el Grupo Provincial del PP va a presentar una Proposición en la que establezca el compromiso firme de cuantía y fecha de pago.

“Muchas personas están a la espera de este servicio y muchos trabajadores, sobre todo mujeres en el Medio Rural, están siendo impagados a causa del retraso de la Junta de Andalucía”, ha añadido Botella, “por lo que nuestro compromiso es trabajar por la viabilidad de estas pequeñas empresas que hoy se están viendo abocadas a la desaparición en beneficio de las grandes empresas”.

Mª Jesús Botella también ha cuestionado la atención de la Junta a las personas que solicitan ser valorados para obtener la prestación por Dependencia. “Se incumple el Decreto de 12 de junio de 2007, que establece en un plazo máximo de tres meses el periodo de valoración de los expedientes presentados y la realidad es que esperan mucho más de tres meses e incluso muchos reciben la callada por respuesta”.

Ante esta situación de desinformación y desasosiego, el PP de Córdoba facilitará a través de su página web toda la información correspondiente a la tramitación de los expedientes y sus cargos públicos prestarán asesoramiento personal en la sede a todo aquel que le necesite.