El PP de Andalucía ha logrado hoy sacar adelante una iniciativa parlamentaria para exigir a Sánchez la “reactivación urgente e inmediata de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Estado” para “abordar asuntos de interés específico y desbloquear cuestiones esenciales para Andalucía” que establezca una agenda y una “hoja de ruta para avanzar en acuerdos, especialmente en la reforma de la financiación autonómica”.


Además, la Proposición No de Ley exige la creación de un fondo de compensación transitorio mientras se aprueba la reforma del sistema de financiación, así como el desarrollo en Andalucía del Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia.


PSOE, Vox y UP han votado en contra de estas reclamaciones, así como de otro punto que defendía los principios de colaboración y lealtad institucional recogidos en el Estatuto. Con su voto negativo a esta iniciativa, las tres formaciones han evitado posicionarse en contra de “la ruptura de la igualdad de trato en el uso de mecanismo de relación
bilateral que prioricen unas regiones sobre otras y conlleven garantías de privilegios”, como ocurre actualmente con la Mesa de Diálogo puesta en marcha entre el gobierno catalán y el Gobierno de España que, a juicio de Adolfo Molina, “es un agravio y un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás”.


El diputado popular ha reprochado a los socialistas que rechacen la creación de una comisión bilateral con Andalucía que aparece recogida en el Estatuto, pero sin embargo apoyen el “agravio que supone la firma entre el PSC y ERC de la Mesa de Diálogo para la negociación del ‘conflicto político’ en Cataluña”, tal y como viene recogido en el
acuerdo.


Ha señalado que el PP respalda al gobierno de Juanma Moreno, quien ha pedido en tres ocasiones la puesta en marcha de esta comisión sin que hasta el momento haya recibido respuesta del Gobierno de España.

Molina ha defendido el “diálogo permanente entre administraciones para abordar y acordar decisiones, desde la lealtad con el marco constitucional, sobre aspectos que son inaplazables para el interés general de la ciudadanía andaluza, y que no pueden ni deben verse afectados por el hecho de que haya un Gobierno rehén de sus propios compromisos con partidos independentistas catalanes, que parece predispuesto a cambiar los principios de igualdad y solidaridad por un
puñado de votos”.