El portavoz y la portavoz adjunta del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite y María Jesús Botella, respectivamente, han amenazado este lunes al gobierno de PSOE e IU en la institución provincial con acudir a los tribunales, por la vía contencioso administrativa, si no se les entrega la documentación que han demandado y que debería justificar el cumplimiento del convenio por el que la Fundación Guadalquivir Futuro recibió 40.000 euros.

De hecho, ambos portavoces han reiterado este lunes en rueda de prensa la exigencia al gobierno provincial de que le abra un expediente de reintegro a la Fundación Guadalquivir Futuro, para que devuelva la subvención de 40.000 euros que le otorgó en 2016, por supuestamente no haber cumplido con los objetivos del citado convenio.

Así, Botella ha explicado que, según se desprende del acta de la comisión de seguimiento del convenio, de la que el gobierno de la Diputación ya ha hecho entrega al PP, no se habrían ejecutado los talleres para menores y mayores, ni el plan de intervención deportiva integral, todos ellos en la barriada del Guadalquivir y que son objeto del convenio.

Pero es que, además, según ha señalado la portavoz adjunta del PP en la Diputación, solo “dos nóminas”, de las que se han pagado por la Fundación Guadalquivir con cargo al “dinero público” que ha obtenido de la Diputación vía subvención, responderían al objeto del convenio.

En consecuencia y según ha anunciado por su parte Andrés Lorite, el PP acudirá a los tribunales, dado que el gobierno provincial solo les ha entregado la citada acta de la comisión de seguimiento, y ello tras haber presentado los populares “un recurso de reposición” previo a la interposición de una demanda por la vía contencioso-administrativa.

Pero es que, según ha recordado Lorite, el PP también exigió mediante dicho recurso, que se le entregara la documentación que haya sido presentada por la Fundación Guadalquivir para justificar el cumplimiento del convenio.

En este sentido, Lorite, como también ha hecho Botella, ha acusado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, de ocultar la información referida a dicha fundación, “muy vinculada al PSOE”, y de dilatar, sin justificación, la apertura del citado expediente de reintegro, para que devuelva la subvención recibida, ya que supuesamente no ha dedicado el dinero recibido al fin establecido en el convenio.