El Partido Popular de Córdoba muestra su preocupación por la mala gestión de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, que presentan graves deficiencias y fallos que dejan a las victima desprotegidas. Este y otros aspectos relevantes se han analizado en una reunión con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en la que han participado la senadora Cristina Casanueva, la diputada provincial Auxiliadora Moreno y la concejal del Ayuntamiento de Córdoba Marián Aguilar.

El funcionamiento de las pulseras antimaltrato no ha sido el deseado con fallos técnicos constantes, tales como errores de localización tanto de víctimas como de agresores, que dejan en evidencia la fragilidad del servicio y lo que es más grave, dejan desprotegidas a las víctimas de violencia de género. A esto se suma el hecho de que más de 800 agresores están en la calle y sin estas pulseras, lo que hace imposible que se haga un seguimiento de cada caso.

Así mismo, en el encuentro han abordado la violencia vicaria y la protección de los menores, la protección a los hijos cuando cumplen los 18 años y salen del sistema de protección; además de la importancia de la visibilidad y formación en todos los niveles de nuestra sociedad para concienciar sobre esta realidad y dotar de herramientas para actuar sobre posibles casos.

Otro los puntos abordados en la reunión es la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Córdoba, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, lo que supone una merma también en la seguridad de toda la población y en concreto de las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, han abordado los problemas de funcionamiento y acceso a la justicia que ha generado para muchas cordobesas la centralización en Córdoba capital de los juzgados de Violencia sobre la Mujer impulsada por el Gobierno de Sánchez. El hecho de que los asuntos de violencia de género de los partidos judiciales de Lucena, Cabra o Pozoblanco se hayan trasladado a la capital obliga a las víctimas a desplazarse decenas de kilómetros para tramitar sus procedimientos, con el coste económico, social y emocional que implica, y eso está generando que se presenten menos denuncias por parte de las víctimas en zonas rurales de nuestra provincia.

Además, la ampliación de las competencias de los juzgados de Córdoba capital para asumir todos los delitos contra la libertad sexual ha incrementado la carga de trabajo de unos órganos que ya estaban muy tensionados. Esta sobrecarga de los juzgados especializados puede terminar afectando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al retrasar o dificultar la respuesta judicial que necesitan las mujeres que sufren violencia.