El Grupo Parlamentario Popular exige al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, Pablo Bustinduy, un “impulso a las leyes en favor de las personas con discapacidad y sus familias, ante los pocos avances que hemos visto en este primer año de gobierno”.
La portavoz del GPP en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, Cristina Casanueva y el senador por Palencia, Alfonso Polanco, piden al ministro que explique “el modelo de atención a las personas con discapacidad de su Ministerio”.
“Son muchas las necesidades de este colectivo y pocos los avances en su primer año en el Gobierno”, reprocha Casanueva al ministro, al tiempo que asegura que la decisión de no presentar Presupuestos para este año “por cuestiones electoralistas” está afectando a las familias.
Además, la portavoz popular asegura que “cada euro que no se ejecuta y cada ley que se deja en el cajón, es una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias”.
Cristina Casanueva se refiere al “ejemplo sonrojante” de la ley de la ELA, “que lleva 14 ampliaciones de plazo para no tramitarla en el Congreso y más de 2 años y medio de espera”.
En cuanto a la reforma de la Ley de la Dependencia y la Discapacidad, la senadora del PP pregunta al ministro si los acuerdos del Gobierno con ERC para el secesionismo fiscal de Cataluña, van a afectar a la financiación del resto de las CC.AA. y a las familias que viven en estos territorios
“Ustedes se cargan el principio de solidaridad y no es justo para millones de personas y familias que tienen necesidades diarias que cubrir”, denuncia Casanueva.
“¿De dónde va a sacar el presupuesto para reducir las listas de espera; crear nuevas plazas para las personas con discapacidad; para que puedan acceder a un centro de día, a una residencia, vivienda tutelada; o para la ayuda a domicilio? ¿Cómo van a pagar esto tras el acuerdo con los independentistas?, demanda a Bustinduy.
Para finalizar, Cristina Casanueva se interesa por las iniciativas anunciadas por el Gobierno y que siguen pendientes, como el Reglamento de las condiciones de accesibilidad cognitiva; la tarjeta europea de discapacidad; la regulación del etiquetado en braille; la estrategia de desinstitucionalización; el II Plan de la accesibilidad universal, la Estrategia Nacional del Autismo; y el Programa de Ayudas Reina Letizia para la inclusión.