La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Córdoba María Luisa Ceballos ha anunciado que su grupo llevará al próximo pleno ordinario en la institución provincial una moción en la que se inste al Gobierno de España a dotar a las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19.

Para Ceballos, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, los primeros en llegar cuando algo pasa, los que han estado al pie del cañón desde el primer día atendiendo a sus vecinos ante una situación sin precedentes, sacando recursos incluso debajo de las piedras para no dejar a nadie sin ayudar; es el momento de que el Gobierno de España ayude a las entidades locales a salir adelante y a hacer frente a esta nueva situación que se ha sobrevenido.

 

La portavoz popular ha recordado que la gran mayoría de entidades locales han aplazado el pago de tributos (impuestos y tasas) locales, en algunos casos las han anulado o han implementado rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios. “Esto supone una merma importante en los ingresos de un ayuntamiento; la regla está clara a menos ingresos, menos servicios se podrán ofrecer a los vecinos, por eso es necesaria más que nunca la ayuda del Estado para salir de esta situación”, dice.

 

Además, los ayuntamientos también han sido las primeras administraciones en incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos como la emergencia social, moratorias en el pago del alquiler de las viviendas de protección pública, etc.

 

Hasta el momento la única medida que han tomado el Gobierno de España es permitir que las entidades locales puedan gastar el 20% del superávit de 2019 para atender gastos urgentes de esas medidas llevadas a cabo para hacer frente a la pandemia, comenta la portavoz, “algo que es completamente insuficiente, incluso ridículo  para atender no sólo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades locales deberán seguir poniendo en marcha para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos”.

 

Igualmente es una medida trampa porque no supone una financiación adicional. Los ayuntamientos van a poder utilizar el ahorro que ellos mismos han generado en 2019 gracias a una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos y al esfuerzo de todos sus vecinos; es decir, van a gastar sus propios ahorros, el Estado no aporta ningún fondo extraordinario. Y además el Gobierno no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la LOEPSF, y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia.

 

Tanto el Partido Popular, como más de 8.000 ayuntamientos y diputaciones de toda España de todos los signos políticos, incluso la FEMP, hemos solicitado de forma reiterada durante todo este estado de alarma la necesidad de utilizar los remanentes y superávit para gastos generales y otras medidas económicas extraordinarias con dotaciones presupuestarias en los PGE, comenta Mª Luisa Ceballos.

Así, en la moción del Grupo PP se insta al Gobierno a movilizar fondos hacía las entidades locales para la reactivación económica y evitar la quiebra social de manera que se faculte a éstas a utilizar los remanentes de tesorería para gastos generales.

Así mismo consideramos necesario que de los 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las entidades locales de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) (12.486millones euros corresponden a los ayuntamientos y el resto a las diputaciones) se adelante al menos el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos.

También vamos a solicitar la puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales en 2020, y para 2021 una cantidad no inferior a 1.000 millones de euros.  Además de la creación de un Fondo Extraordinario para el Transporte Urbano Colectivo Terrestre (autobús y tranvía) de 1.000 millones de euros más.

Y en último lugar instamos al Gobierno de España a la creación de un fondo para la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

En definitiva, pedimos al Gobierno central que no se olvide los ayuntamientos y diputaciones, que no podemos ser la hermana pobre de las administraciones públicas porque muy al contrario las entidades locales vamos a contribuir a la recuperación de nuestro país no sólo con sus propios recursos, sino con toda su capacidad operativa y ejecutiva, y para eso resulta imprescindible dotarla de nuevos mecanismos mediante la atribución de recursos adicionales, concluye Ceballos.