El coordinador de Sanidad del PP andaluz, Jesús Aguirre, ha pedido a la Junta de Andalucía que no haga dejación de funciones en los servicios del 061 y el 112.

Parte de estos servicios se prestan por empresas privadas, “pero eso no puede suponer que la Junta de Andalucía ande desentendida”. Desde hace años existe una alta conflictividad laboral en estos servicios. “Son frecuentes las denuncias ante los medios de comunicación u órganos jurisdiccionales por falta de calidad en el servicio o vulneración de derechos”.

“Incluso las empresas adjudicatarias arrastran sanciones de la inspección de trabajo y sentencias del orden jurisdiccional social que no son ejecutadas”, ha subrayado Aguirre. Por ello, el coordinador de Sanidad del PP andaluz ha afirmado que “es obligación de la Administración controlar que estos servicios se estén prestando conforme al pliego de condiciones y con respeto a la normativa laboral vigente. La Junta de Andalucía se ha desentendido del buen funcionamiento de estos servicios y ha obviado la gran conflictividad laboral en las empresas adjudicatarias”.

Jesús Aguirre ha subrayado que “creemos que la externalización de determinados servicios, para ser prestados y gestionados por empresas privadas, es positiva. Una medida adoptadas por comunidades autónomas de distinto signo político”.

La parlamentaria Rosario Alarcón ha mostrado el apoyo que el PP ha prestado a estos servicios “dadas la constancia de vulneración de derechos de las trabajadoras y las dudas sobre la calidad del servicio público prestado a pesar de la calidad de sus profesionales”.

Alarcón ha recordado que el Grupo Popular ha votado a favor de proposiciones no de ley en las que se insta al Consejo de Gobierno a la realización de las actuaciones oportunas para la solución del conflicto laboral y la dignificación de las condiciones laborales o a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 sea prestado directamente por la EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) a partir del 1 de enero 2017, una vez vencido el contrato vigente con la empresa privada, que lo tiene adjudicado hasta el 31 de diciembre de 2016.