El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Sánchez que impulse medidas concretas que favorezcan el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral ordinario. Ayer la senadora cordobesa y portavoz en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, Cristina Casanueva, defendió una moción en este sentido, que fue aprobada y en la que el PSOE se abstuvo.
Según Casanueva, las personas con discapacidad son uno de los colectivos vulnerables y con riesgo de exclusión social por la falta de oportunidades que pueden tener, y por ello el Gobierno de España tiene que tomar medidas e impulsar políticas que acaben con estas desigualdades y garanticen el acceso al mercado laboral ordinario de estas personas.
España ha venido potenciando las políticas e iniciativas dirigidas a facilitar un empleo
normalizado de las personas con discapacidad. Esto ha supuesto la promoción de nuevas estructuras laborales (talleres ocupacionales, centros especiales de empleo, etc.), e incentivos a las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad. “Pero estos esfuerzos son insuficientes cuando múltiples estudios a nivel nacional resaltan que el paro en personas con discapacidad duplica al del resto de trabajadores, y que más del 70% del empleo que se crea para este colectivo, son en centros de organizaciones sociales”, ha explicado la senadora.
A pesar de los avances sociales que hemos alcanzado, las personas con discapacidad siguen teniendo carencias en el acceso al empleo y demandan cambios que les den oportunidades, independencia, estabilidad y seguridad jurídica. Por ello, desde el Partido Popular pedimos al Gobierno de Sánchez que se ponga las pilas en un tema tan importante como este, ha comentado la senadora y añade “el Gobierno del PSOE ha tenido 6 años para avanzar en cambios normativos y políticas efectivas para conseguir este reto, pero la realidad es que no hemos visto voluntad política. De nada sirven los grandes titulares si no vienen acompañados de realidades tangibles”.
Así, la moción aprobada ayer también insta al Gobierno a implementar mejoras en los programas de orientación y apoyo laboral especializado, para atender las necesidades y demandas laborales de las personas con discapacidad. Además de seguir avanzando en incentivos a las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad, así como, acciones de formación para las mismas, en las que incluya desde la selección de personal, adaptación de los puestos de trabajo y cauces de comunicación entre el trabajador, el empleador y el personal de la empresa, que faciliten una adecuada integración.
En el Partido Popular seguimos trabajando por una plena inclusión de estas personas, y la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno es una referencia en este sentido, ha comentado Casanueva que está abordando cambios para agilizar la gestión de las ayudas a los centros, como las novedades introducidas en el proceso de calificar, inscribir y modificar los datos en el Registro Andaluz de CEE, para que el proceso sea telemático en su totalidad y con la obligatoriedad de aportar menos documentación.
Además, Andalucía ha impulsado este año una nueva orden reguladora de las ayudas (que fue sometida a fase de consulta con las asociaciones de los CEE, y las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a las personas con discapacidad), que introduce la automatización de procesos en líneas de apoyo como la destinada al mantenimiento del empleo de personas con discapacidad.
El Servicio Andaluz de Empleo, gracias al nuevo Modelo de Gestión Integral, está intensificando las actuaciones de orientación y detección de necesidades formativas, con un acercamiento más personalizado de cara al demandante para poder orientarle mejor hacia un itinerario formativo adecuado. Unas actuaciones que se desarrollan en conjunción con el programa Andalucía Orienta, que en su última edición ha permitido, con más de 3 millones de euros en Córdoba, poner en marcha unidades de orientación en colaboración con entidades colaboradoras, que cuentan con 81 profesionales, y más de la mitad de estos técnicos están destinados a la orientación de personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica. Estas acciones de orientación tienen su mayor eficacia si culminan en acciones formativas que ofrezcan una programación apegada al tejido empresarial, y que permita satisfacer, con perfiles profesionales adecuados, la demanda de las empresas.
En este sentido, desde 2021 el Gobierno andaluz ha llevado a cabo varias convocatorias de las subvenciones dirigidas a Entidades Locales para personas trabajadoras desempleadas con necesidades formativas especiales, o con dificultades para su inserción o recualificación profesional en Andalucía, que tiene, entre sus colectivos, a las personas desempleadas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
Igualmente, se reserva un 5% del número de plazas para personas con discapacidad en todas las acciones formativas financiadas con fondos de la Consejería de Empleo,
estableciéndose un cupo que sitúa a la persona con discapacidad en primer lugar en la selección de alumnado.
“A todas estas medidas del Gobierno de Juanma Moreno se suma los primeros pasos del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad que ya ha comenzado a andar. Sin duda, un compromiso firme y rotundo con la inserción laboral de las personas con discapacidad”, ha afirmado Casanueva.