El Partido Popular de Córdoba reclama que se investiguen quienes son los liberados sindicales que han sido vacunados en la Diputación provincial  fuera del protocolo y exige responsabilidades.

Así lo ha anunciado la portavoz popular Mª Luisa Ceballos quien ha adelantado su grupo solicitará que se investigue qué ha ocurrido, que se tomen  medidas disciplinarias con este personal, y que “de la misma manera que otras personas con nombres y apellidos han salido a luz pública tras haberse vacunado fuera de protocolo y han dimitido de sus cargos, en este caso los cordobeses puedan conocer que liberados sindicales se han saltado el protocolo de vacunación  y exigimos las mismas obligaciones que al resto, su dimisión”.

 

Tras la sospecha de que existen personas que se han saltado el proceso de vacunación en la institución provincial, y más concretamente en el centro de psicodeficientes de Alcolea, el Grupo PP solicitó por escrito información al respecto y la respuesta dice que han sido vacunados 55 residentes, 159 trabajadores pertenecientes al centro (incluidos los contratos por sustitución de vacaciones), 12 trabajadores de otros servicios de Diputación, 6 trabajadores de otras empresas, y dentro de ese personal hay representantes sindicales con liberación plena, como así dice la respuesta.

 

“Desde el Partido Popular no podemos admitir que sucedan estos hechos en este momento, con situación muy difícil de falta de vacunas para la población que más lo necesita y que está dentro de la estrategia nacional de vacunación”, comenta Ceballos.

 

“Hemos tenido que ver como varios alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba han sido vacunos fuera de protocolo, que su a nivel nacional les ha pedido la dimisión y no han respondido a esta esta petición, cosa que es muy lamentable; estos alcaldes deben dimitir de sus cargos, se han aprovechado de la situación que tienen para vacunarse saltándose todos los protocolos”, afirma la portavoz popular quien ha recordado que otras personas con responsabilidades importantes como Consejeros de Salud en otras comunidades autónomas han dimitido por esta misma causa.

 

“Existen protocolos de vacunación a nivel nacional y autonómico muy específicos, que priorizan a las personas de mayor riesgo, y no podemos entender como un liberado sindical que no realiza ninguna función directa con esos dependientes del centro de Alcolea pueden saltarse todas al directrices y  vacunarse a costa de otras muchas personas que siguen esperando su turno”, afirma tajante.

 

Por ello, el PP va a exigir explicaciones y responsabilidades al gobierno de la Diputación provincial, y que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

 

 

MOCIÓN CAJEROS AUTOMÁTICOS

 

Así mismo, Mª Luisa Ceballos ha anunciado que su grupo llevará al próximo pleno de la Diputación provincial una proposición para crear una programa de ayuda contra la despoblación mediante la implantación de cajeros automáticos en municipios menores, ELAs y aldeas de la provincia de Córdoba.

 

“No es la primera vez que desde el PP advertimos que la lucha contra la despoblación no consiste en cambiar el nombres a los programas de siempre, sino que este reto se combate con políticas reales que el ciudadano pueda apreciar y que suponga un valor extra para mantener su residencia en las zonas rurales”, comenta la portavoz.

 

Según el Banco de España, desde el año 2008 en Andalucía se han perdido 2.550 sucursales bancarias, y más de  14.000 personas que viven en 10 municipios de la provincia de Córdoba, fundamentalmente del interior, no tienen acceso en su entorno a un cajero automático, ni a una oficina de su entidad financiera. Entre 2008 y 2016 en la provincia de Córdoba han cerrado 200 oficinas y sucursales de entidades financieras, pasando de casi 700 sucursales a 498 y siguen desapareciendo otras más.

 

“Esta realidad la sufren los vecinos de municipios y núcleos de población pequeños que utilizan dinero en efectivo para su día a día, en los que la mayoría de sus compras lo son en comercio ambulante, el transporte público, pago de tributos e impuestos, algo tan básico como cargar un móvil, etc.”, comenta Ceballo y añade, “esto se ha convertido en una tarea muy difícil en estos lugares, cuando no imposible, y va en detrimento de la vida en las zonas rurales en la fijación de la población al territorio”.

 

El Defensor del Pueblo Andaluz advirtió en 2017 de esta situación y pidió a las diputaciones provinciales para que actuaran y pusieran en marcha convenios con las entidades bancarias y los municipios para la instalación de cajeros en espacios municipales y el desarrollo de programas formativos para el uso de las aplicaciones de la banca online.

 

“Otras diputaciones andaluzas y del ámbito nacional ya han implantado acciones en este sentido, sin embargo en la Diputación de Córdoba, cuyo cogobierno de PSOE e IU hace gala de la lucha contra la despoblación,  los hechos y resultados parecen no llegar”, dice.

 

Por ello, proponemos la Creación de un Programa de Ayudas para pequeños municipios, ELA´s y Aldeas de la provincia sin servicios financieros, que concierten la instalación de un cajero automático con entidades financieras, cajeros multiservicio u otra modalidad permitida por ley, cuya finalidad sea financiar los gastos de su instalación y mantenimiento, comenzando en el presente año 2021.

 

Además pedimos que la Diputación de Córdoba retome la necesidad de llevar a cabo un acuerdo genérico para instalar cajeros multiservicio en estos municipios. “Esperamos contar con el respaldo de todos los grupos políticos, porque esto es una demanda social de muchos vecinos de la provincia de Córdoba, y está en nuestra mano buscar soluciones a esta realidad”, concluye Ceballos.