El PP de Córdoba ha lamentado que haya sido rechazada su Proposición no de Ley presentada en la Comisión de Sanidad en la que exigía al Gobierno a anular de forma inmediata la subasta de medicamentos.

La subasta de medicamentos invade las competencias del Gobierno de la Nación y atenta contra el principio de igualdad por discriminación de pacientes andaluces en el acceso a los medicamentos”, ha subrayado la parlamentaria andaluza Rosario Alarcón. Por ello, “hemos instado al Gobierno andaluz a buscar una nueva fórmula de ahorro que no haga de los andaluces pacientes de segunda mediante la centralización de todas las operaciones de compras, como hace el resto de comunidades autónomas”.

Alarcón ha reprochado a la Junta que no escuche la opinión de las organizaciones profesionales y de las asociaciones de pacientes, “que llevan dos años denunciando los problemas que se derivan de la subasta”, tales como, “la falta de abastecimiento en farmacias de determinados medicamentos, lo que favorece una situación de confusión en los enfermos”, sobre todo en aquellos “enfermos mayores, crónicos y polimedicados” que, “a veces, han dejado incluso de tomar la medicación”.

Además, el PP rechaza el criterio de ahorro económico que esgrime la Consejería para mantener este sistema de selección de fármacos, ya que, como ha explicado Alarcón, “no sólo el ahorro es mucho menor del previsto por la Junta, 219 millones frente a los 724 que decía el Gobierno andaluz, sino que a largo plazo supone un sobrecoste asistencial por los problemas que genera a los enfermos”.

Por todo, la parlamentaria popular ha afirmado que “si la Junta realmente quiere blindar la sanidad pública”, retire la subasta de medicamentos e instaure el “principio de igualdad y equidad que garantiza la Ley de Sanidad y que no se está cumpliendo en nuestra comunidad”; así como que busque “nuevas fórmulas que miren por el ahorro pero que permitan que los andaluces accedan a las medicinas en igualdad de oportunidades con el resto de España”.

En su iniciativa, el PP reprocha a la Junta que convierta a los andaluces en “pacientes de segunda con menores opciones para acceder a las prestaciones sanitarias en comparación con los del resto del país”, y ha puesto como ejemplo que un médico andaluz solo puede elegir entre 400 medicamentos a la hora de recetar frente a los 10.000 con los que cuentan los médicos del resto de comunidades.

Enmiendas a los PGE

La comisión de Presupuestos Generales del Estado ha aprobado tres enmiendas relativas al Sistema Sanitario Público. El portavoz de Sanidad del GPP y senador por Córdoba, Jesús Aguirre, ha destacado que son “importantes para la sostenibilidad de la sanidad, para el uso adecuado de los medicamentos y para facilitar la adherencia de los pacientes a sus tratamientos”.

La principal modificación se refiere al precio de los medicamentos genéricos, ya que se elimina la discriminación positiva de estos en caso de igualdad de precios, tanto en la prescripción por principio activo como por denominación comercial. Con esta enmienda, asegura Aguirre, se da “coherencia al concepto y naturaleza propia del medicamento genérico”.

Además, el senador del GPP por Córdoba ha señalado que, a partir de ahora, las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico) deben utilizarse “para identificar a todos los medicamentos genéricos y solo a estos, con el fin de evitar confusiones en el paciente/consumidor, en el prescriptor y en el dispensador”. Estas siglas deben ser privativas de los genéricos ya que son los únicos medicamentos “equivalentes” a otro de referencia.

Asimismo, se exonera a las farmacias de llevar un registro mensual de los descuentos aplicados a los medicamentos por ser actualmente inviable. El portavoz popular ha subrayado que se anula por Ley el copago ambulatorio hospitalario.

Para finalizar, Jesús Aguirre ha matizado que “el precio de financiación por el Sistema Nacional de Salud será inferior o igual al precio del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del mismo”. Los laboratorios farmacéuticos, las entidades de distribución y las oficinas de farmacia a través de la Organización Farmacéutica Colegial, deben aportar la información necesaria para hacer efectivo el reembolso debido por las oficinas de farmacia a laboratorios farmacéuticos y entidades de distribución en aquellos medicamentos que hayan sido dispensados fuera del Sistema Nacional de Salud.