La vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, ha lamentado el esfuerzo del Gobierno de España en reformar las Administraciones Públicas (AAPP) en beneficio de los ciudadanos choca con la opacidad y el engorde de la Junta de Andalucía.

 

Jurado ha valorado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy desde el inicio de la legislatura por una administración moderna, ágil, eficiente y transparente, que ha supuesto 18.187 millones de ahorro hasta ahora, de los que hay 1.700 millones son para ciudadanos y empresas gracias a la simplificación de las cargas burocráticas.

 

El progreso de la reforma es resultado del compromiso de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, y de hecho las administraciones han reducido su morosidad a la mitad, gracias a medidas como el plan de pago a proveedores, la ley de deuda comercial o la factura electrónica. Ejemplo de ello, es que el Ayuntamiento de Córdoba está pagando a sus proveedores a 17 días, y la Diputación de Córdoba a 22 días.

 

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado  dos medidas que consolidan dos principios básicos de esta reforma. Por lado, la  Administración electrónica, para eliminar trabas a través del Procedimiento Administrativo Común, de manera que la relación entre ciudadanos y administrativa será a través de Internet,  se podrán realizar sus gestiones en cualquier lugar, la administración obtendrá las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente.

 

Y por otro lado, al reestructuración del sector público, a través de la Ley de régimen jurídico del sector público, proceso por el que ya se han suprimido un 33% de las entidades públicas. “El objetivo es poner orden y control en agencias, empresas públicas, consorcios y demás organismos públicos, de manera que en entidades públicas con dos ejercicios en desequilibrio económico serán disueltas”, comenta Jurado.

 

Frente a esto, nos encontramos con la Junta de Andalucía que solo le interesa mantener su administración paralela. “El mismo día que la prensa pone en evidencia que el paro juvenil en Andalucía supera en 10 puntos la media nacional, tenemos que denunciar que tanto PSOE como IU en el gobierno andaluz solo están interesados en mantener su red clientelar, una administración paralela de más de 27.000 trabajadores que han sido contratados a dedo, y que solo en el año 2014 costaron a  las arcas públicas andaluzas 2.943 millones de euros”, afirma Beatriz Jurado.

 

A fecha 1 de octubre de 2014, la Junta de Andalucía, además de la propia Junta como administración general tiene 247 entes, entre organismos autónomos administrativos, agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, consorcios, fundaciones, etc.

 

Pero aún más cuestionable es  que en la ley de presupuestos de la Junta de 2014, el PSOE coló una disposición adicional por la que pretende perpetuar esta administración paralela de personal laboral que no es funcionario a pesar de los cambios futuros que imponga el Gobierno central. En la disposición titulada «contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público», recoge que la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar a las agencias públicas a contratar «personal laboral indefinido» procedente de otra agencia con el objeto de «posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público».

 

Por lo tanto, si en el futuro el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a nuevas restructuraciones del sector público o al cierre de agencias, la Junta se guarda un as en la manga para salvar al personal que ella decida, trasladándolo de un ente instrumental a otro.

Hasta el momento, la Junta, en un falso intento de adelgazar la administración andaluza, solo ha eliminado los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (UTDELT), por las que borraron de un plumazo a los ALPE, más 70 en Córdoba y 800 en toda Andalucía.

 

ALTOS CARGOS DE LA JUNTA EN CÓRDOBA

 

Al inicio de esta legislatura el gobierno andaluz hizo un intento de maquillar la información de adelgazamiento de los altos cargos en la provincia de Córdoba con la clara intención de engañar a la ciudadanía, ya que redujeron a 6 el número de delegados provinciales pero el total pasó de 23 a 34 altos cargos en nuestra provincia.

 

En definitiva, el Gobierno de España del Partido Popular ha reducido la administración pública poniendo esos recursos que se han ahorrado al servicio de los ciudadanos, mientras que la Junta sigue engordando su administración paralela poniendo los recursos públicos solo al servicio de sus propios intereses políticos.