La diputada autonómica del PP de Córdoba Beatriz Jurado ha valorado de formas muy positiva el nuevo decreto de escolarización, aprobado en el día de ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Según Jurado, el nuevo decreto de escolarización refuerza el derecho a elegir, prioriza a los colectivos más desfavorecidos y pone orden en el sistema de acceso. “Siempre hemos mantenido un compromiso firme por la garantizar la libertad de las familias de poder elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, y con esta medida queda protegida esa libertad”.

 

La diputada cordobesa ha hecho referencia a que este decreto nace del consenso, una de las señas de identidad del Gobierno de Juanma Moreno, y recoge las demandas del Consejo Escolar Andaluz, los trabajadores de la docencia y las familias. “Era una demanda de muchas familias cordobesas y andaluzas desde hace años, y ahora se ve garantizado por este decreto”, dice.

 

Con esta medida cualquier familia que quiere opte por este modelo educativo podrá tener acceso a un centro concertado, ya que se reorganizan las zonas de escolarización para que cada una ofrezca al menos un colegio concertado (si lo hubiera en ese municipio) además de los centros públicos.

 

También se da prioridad de admisión a las rentas más bajas, a los trabajadores de los centros, a las víctimas de la violencia de género y del terrorismo, a los menores en acogida y a los deportistas.  Otra novedad importante es que se aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro, evitando los trastornos y problemas de conciliación para las familias cuando cada hijo estaba escolarizado en un centro diferente; además,  se barema por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil 0-3, para favorecer con ello la escolarización temprana.

 

Con esta medida se potencia la administración electrónica, con menos papeleo para las familias, y se dota de más transparencia a las listas de espera.  “Se facilita a las familias un procedimiento más simplificado de forma que la  Administración utilizará sus bases de datos para que las familias no tengan que aportar documentos que ya están en el sistema público. “Con ello se reducen tiempos, se apuesta por la desburocratización, adaptándonos a las directrices europeas”, afirma.

 

Además cada concertado será adscrito a un instituto público para dar certidumbre a los alumnos en la transición de la ESO al bachillerato.

 

“Este decreto responde a la necesidad de conciliar la oferta y la demanda en el sistema educativo, y refuerza el derecho a elegir de las familias, que es el principio fundamental de la nueva normativa, mejorando la relación entre la oferta y la demanda”, dice.

 

Frente a un Gobierno central que siembra la incertidumbre en las familias, que  intenta limitar las libertades de los padres consagradas en la Constitución y que busca generar enfrentamiento entre los diferentes modelos educativos, el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía garantiza la libertad de las familias, la igualdad de todos los andaluces de poder acceder libremente al modelo educativo que prefieren, y lo hace desde el consenso, el diálogo y las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad, concluye Beatriz Jurado.