La senadora y vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, ha querido dejar muy claro que los registros civiles seguirán siendo públicos y gratuitos con el cambio del modelo de gestión previsto por el Ministerio de Justicia, y además serán electrónicos, más modernos y se garantizan los puestos de trabajo de los funcionarios.
Jurado ha hecho estas manifestaciones ante las recientes declaraciones erróneas y mal intencionadas de la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, en las que acusaba al Gobierno de España de privatizar los registros civiles, de manera que dejarían de ser gratuitos.
“La delegada del gobierno de la Junta en Córdoba hace confrontación al Gobierno de España creando alarma social entre los ciudadanos, y lo que es más grave mintiendo u ocultando la realidad de la nueva ley”, ha dicho Beatriz Jurado.
La senadora popular ha culpado al Partido Socialista de intentar manipular a los ciudadanos repitiendo como un tantra que los ciudadanos tendrán que pagar, pagar y pagar por cualquier gestión. “Nos gustará saber de donde sacan eso, porque la disposición adicional vigesimoprimera del real decreto dice literalmente que la prestación del servicio público que constituye el registro civil continuara siendo gratuita sin excepción de ningún tipo”, afirma.
La postura del Partido Popular ha sido en todo momento de apostar por la modernización del registro, garantizando la entrada en vigor de la Ley 20/2011 consensuada por todos, avanzando en la desjudicialización que incluía esa ley, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo de todos los funcionarios, y que el nuevo modelo de gestión se realice contando con los sectores y colectivos implicados.
Además, Jurado ha recordado que este cambio de gestión se estableció con la Ley 20/2011 y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. “Se pretende mejorar y modernizar un servicio público que actualmente recibe un alto número de quejas por parte de los ciudadanos”, dice.
La vicesecretaria popular ha recordado el compromiso del Gobierno a través del ministerio de Justicia de mantener los empleos de los funcionarios y de los interinos. Además, se mantienen los juzgados de paz, que actuarán como oficinas o puntos de consulta de l nuevo registro civil. Seguirá siendo un registro público, cercano, gratuito, reforzando también la función jurisdiccional. “Por todas estas cosas, no podemos entender que la represente del gobierno andaluz en Córdoba, en vez de preocuparse por la multitud de incumplimientos y asuntos pendientes que la Junta tiene sin resolver en Córdoba, dedique su tiempo a confrontar con el Gobierno de España y alarmar a la sociedad, todo ello con un fin electoralista claro”, concluye.
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