El vicesecretario de Política Territorial del PP de Córdoba, Andrés Lorite, se ha manifestado sobre la incoherencia del Partido Socialista quien “intenta dar lecciones de lucha contra la corrupción, transparencia y limpieza en la vida pública”; y, sin embargo, ahora “demuestra que carece de lo que presume, incorporando a las candidaturas de los municipios de la provincia de Córdoba a imputados, investigados e incluso a una persona con una condena en el ámbito de lo mercantil para administrar bienes ajenos y representar a terceros”. “Es poco ejemplar que el PSOE lleve en sus listas a personas que tienen cuestiones pendientes con la Justicia”, ha subrayado.
Así, recuerda Lorite, está el caso de la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, quien concurre como número tres en las listas municipales de Montoro y “está envuelta en un presunto caso de enchufismo”. El titular del juzgado de instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, imputó, en abril del año pasado, a Dolores Amo, vicepresidenta del Consorcio Provincial de Bomberos por prevaricación y un presunto delito de tráfico de influencias a consecuencia de la investigación de una denuncia de varios aspirantes de un supuesto amaño en las oposiciones a bombero en la Diputación Provincial.
En este mismo caso se encuentra también imputado el actual alcalde de Priego de Córdoba y candidato socialista a la reelección, José Manuel Marmol, como un presunto autor de un delito de tráfico de influencias por, supuestamente, haber intervenido en dos fases del procedimiento.
Encarnación Jiménez, actual alcaldesa socialista de la Entidad Local de Algallarín y candidata, también, a la reelección se encuentra condenada por un delito mercantil. Como consecuencia de la sentencia de culpabilidad, Jiménez queda inhabilitada para administrar bienes ajenos y para administrar o representar a cualquier persona por un tiempo de cinco años.
Recientemente se han conocido dos casos más: el del candidato del PSOE a la alcaldía de La Rambla, Juan Luque, quien se encuentra investigado por un supuesto delito de denuncia falsa, que se halla en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Montilla; Y el del alcalde y candidato socialista a la reelección en el municipio de Encinas Reales, Gabriel González, acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos por suscribir, a partir de noviembre de 2008, un contrato laboral con una arquitecta sin realizar proceso selectivo alguno.