El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha mostrado una vez más el apoyo de este partido a los agricultores cordobeses y ha exigido a Pedro Sánchez lealtad y defensa del sector ante la crisis estructural a la que se enfrentan.

Molina, que ha visitado en la tarde de hoy la empresa olivarera Oleopalma en Palma del Río junto al presidente de los populares de este municipio Francisco Acosta y el portavoz municipal Antonio Martín, ha afirmado que “el campo andaluz y cordobés está lanzando un mensaje de socorro mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado”.

El sector agrícola se encuentra en una situación al límite, y no encuentra en el Gobierno de España un aliado para hacer frente a una crisis estructural, comenta Molina. “La pasividad del Ministro de Agricultura y de Pedro Sánchez hace que los agricultores se vuelvan a manifestar para pedir soluciones ante esta situación que debe ser considerada como un problema de Estado”.

Desde el Partido Popular apoyamos al sector ante un Gobierno que les sube los costes laborales y fiscales, que no es capaz de negociar los aranceles, ni apoyarles ante la caída de precios y las inclemencias meteorológicas, y exigimos que se defiendan sus demandas en la PAC. “Vamos a estar en las movilizaciones del día 14 en Lucena apoyando codo a codo a nuestros agricultores y poniéndonos a su servicio para trabajar juntos por el sector más importante para la economía de la provincia de Córdoba”, afirma Molina.

El diputado cordobés ha puesto en valor la petición que la Junta de Andalucía hace al Gobierno de España para que se reduzcan en un 50% los módulos del IRPF  para el sector de las frutas y hortalizas y un 100% para el sector del olivar debido a las malas campañas agrícolas que se han producido en 2019 debido a circunstancias excepcionales como tormentas, sequía, heladas, los aranceles de los EE. UU o la crisis de precios.

Uno de los sectores que se verán beneficiados y que se ha visto más afectado es el de los cítricos, para los que se pide pasar del 0,26 al 0,07, con carácter general, debido a la reducción de las cotizaciones, al aumento de los costes por el aumento de riegos como consecuencia de la falta de precipitaciones, a las heladas de enero en el Guadalquivir y a las importaciones de terceros países.

“El gobierno andaluz escucha al campo, actúa de la mano de los profesionales del sector y toma medidas”, dice Molina y añade, “estaría muy bien si el Gobierno de España tomara nota de lo que se hace y se reclama desde Andalucía, y se pusiera a trabajar de la mano con el resto de administraciones y con el sector agroganadero”.

Frente al Gobierno de Sánchez en estado permanente de letargo, nuestros agricultores se encuentran un gobierno andaluz que les apoya, que va de la mano junto a ellos, que se han sentado para dialogar y para negociar desde el debate permanente y desde el consenso para buscar soluciones. Así, en tan solo un año de legislatura se están adoptando importantes reformas e importantes medidas que van a ayudar a nuestros agricultores.

El gobierno de Juanma Moreno ha aprobado la creación de una mesa de expertos para impulsar la plataforma de comercialización hortofrutícola, con ayudas por valor de 119,5 millones de euros; potenciar los trabajos forestales como motor de empleo en el mundo rural, con una inversión de 200 millones de euros en políticas medioambientales como la plantación de un millón de árboles y plantas en el plazo de dos años en Andalucía; o los 750 millones de euros destinados a instrumentos financieros para el sector del olivar, con préstamos a interés cero y sin exigir garantías ni avales.

Además, para el sector olivarero también ha trabajado por la creación de una plataforma de comercialización; ha aprobado una nueva orden de ayudas en este primer trimestre de 2020 con una dotación presupuestaria de 3 millones de euros; ha pagado durante todo el ejercicio presupuestario 2019 más de 36,5 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector olivarero; ha tomado acciones frente al Brexit; una nueva línea de ayudas al sector de instalaciones de riego con una dotación de 6,5 millones; además de la ‘Revolución Verde’ y trabajos por el desarrollo normativo de la Ley Andaluza del Cambio Climático, también con la elaboración de una Ley de Economía Circular y de un gran Pacto Andaluz por el Agua.