El presidente del Partido Popular de Córdoba se ha mostrado totalmente en contra de la postura anunciada ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que supone una reducción drástica de la financiación para Andalucía en el año 2022. “Lo grave es que esta reducción impactará directamente sobre la prestación de los servicios esenciales a los andaluces y a los cordobeses”, afirma.

Para Molina lo que hizo ayer el Gobierno de la Nación en este CPFF fue un “chantaje intolerable a los andaluces” ya que la ministra Mª Jesús Montero plantea que la horquilla de déficit de las CCAA debe reducirse del 2,2% actual al 0,6% en 2022, sin aportación de fondos Covid. Así anuncian que nos devolverán los más de 574 M/€ del IVA (534 más intereses de demora) pendiente de 2017 pero solo si les apoyamos los presupuestos de 2022, argumenta. “Esto es intolerable, sobre todo teniendo en cuenta que ese IVA es de las CCAA y así lo ha establecido el Tribunal Supremo; nos lo quitaron y ahora pretenden vender la devolución, condicionada, como una ayuda extraordinaria; esto es el colmo del cinismo político”.

Además, no es cierto que las CCAA reciban un 6,7% más el año que viene, porque han incluido ahí lo que nos deben. “Esto no afecta solo a Andalucía, también Valencia y Murcia han presentado una propuesta para corregir los desequilibrios de infrafinanciación a través de un fondo transitorio y ha sido rechazada”, dice.

Con eso “Andalucía pierde cada día 4 millones de euros por este injusto sistema de financiación pactado por Zapatero con los independentistas catalanes en 2009; 800 millones de euros al año que no llegarán a los andaluces”, afirma Adolfo Molina que se ha preguntado a qué espera el PSOE de Juan Espadas para reclamar los que pertenece a los andaluces. “La realidad es que el PSOE de Espadas no es el PSOE andaluz ni el PSOE de Andalucía; en Andalucía hay un PSOE que es la sucursal del sanchismo en esta tierra, cuando el sanchismo que cada vez que tiene la oportunidad castiga a Andalucía mientras Espadas mira para otro lado”.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Así mismo Adolfo Molina ha mostrado su preocupación por las cesiones de Sánchez a los independentistas y nacionalistas en vísperas de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar mañana. “Urkullu anunció su asistencia tras arrancarle al Sánchez una reunión bilateral, que se celebra hoy, para hablar de cesiones de impuestos; los catalanes no asisten porque ya han acordado negociar con el Gobierno en una mesa aparte; con lo cual se premia al socio de investidura que como Aragonés no asiste a la conferencia de presidentes, se accede a las demandas que exige Urkullu por acudir y se ignora a las comunidades del PP a las que amenaza con quitarles fondos si no apoyan los criterios de reparto”, lamenta Molina.

“No se puede utilizar las Conferencias de Presidentes solo para sacar rentabilidad política para Pedro Sánchez, deben ser instrumentos útiles, con acuerdos vinculantes, y no una sucesión de monólogos sin respuesta”, argumenta.

LEY LISTA

Por otro lado, Adolfo Molina ha valorado la importancia de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada la semana pasada en el Parlamento andaluz. “Es una ley necesaria y urgente para afrontar la realidad de estos tiempos después de años y años de desidia por parte de los anteriores gobiernos”, dice.

Con esta ley el  urbanismo será más fácil de entender y más fácil de aplicar, agilizando los trámites y acabando con 20 años de maraña burocrática que dejaron los socialistas. “El sistema caduco del PSOE mantenía un auténtico laberinto administrativo y un caos legislativo que sólo dificultaba una buena planificación del territorio andaluz: un ejemplo, un promotor que quisiera desarrollar un proyecto tenía que pasar por 235 textos legales; y casi 500 PGOU de municipios andaluces han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales, con una media de tramitación de estos PGOU que tardaban de 8 a 10 años ahora y que ahora se sustituirán por una nueva norma con los que podrá aprobarse en 2 años”, afirma.

Esta era una ley muy demandado por muchos sectores productivos andaluces, por ayuntamientos de todo tipo y por gran parte de la sociedad, y ahora nace desde el amplio consenso social para revisar el urbanismo y la ordenación del territorio en Andalucía, con el fin de garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente.

La Lista supone una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámites administrativos y orden legislativo, que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios. “Facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo”, concluye.