La diputada autonómica del Partido Popular de Córdoba María de O Redondo ha denunciado el retraso en la gestión de las ayudas y subvenciones al alquiler de vivienda para personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados, por parte de la Junta de Andalucía.

Redondo ha lamentado que esto está lastrando todavía más si cabe la política de vivienda de la Junta, a pesar de que la mayoría de los fondos destinados apara ello vienen del Estado y no los tiene que soportar la Junta de Andalucía.

Estas ayudas consisten en sufragar hasta el 40% del alquiler de la vivienda habitual de personas en situación de vulnerabilidad. Gracias al convenio firmado con el Ministerio de Fomento se dotó con 69 millones de euros para Andalucía entre 2014, 2015 y 2016.

De la convocatoria 2015 solo se ejecutaron 12´5 millones de euros, de los que a la provincia de Córdoba le correspondió 1.028.000 euros. Hubo 2.257 solicitudes de Cordobeses, y se denegaron más del 50%.

En la convocatoria 2016 la cifra total para Andalucía fue de 16´4 millones de euros, de los que para Córdoba se destinaron 1.526.000 euros. Hubo 1.500 solicitudes, y 270 fueron desestimadas.

A día de hoy, solo han recibido las ayudas correspondientes a 2016 la provincia de Córdoba y Almería, según datos de la Junta, aunque todavía no se han publicado las órdenes de pago de estas subvenciones.

“Cómo es posible que se gestione tan mal, con retraso y sin ejecutar la totalidad de los fondos destinados para ello” dice María de la O Redondo y se pregunta “dónde están los casi 40 millones de euros restantes que Andalucía ha recibido del Ministerio de Fomento y no ha ejecutado”.

Desde el Partido Popular no podemos entender que como desde la Junta pueden castigar tantas veces a los que más lo necesitan, y prefieren dejar el dinero en un cajón en vez de intentar de mejora la calidad de vida de muchos andaluces y cordobeses que lo están pasando mal.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha prorrogado este programa de ayudas con 15 millones de euros más para la convocatoria de 2017, a lo que la Junta de Andalucía solo tendría que añadir 1´43 millones de euros. “Esta prórroga está cerrada desde agosto de 2017 y todavía no tenemos la publicación de listados provisionales ni de cómo se va a hacer el reparto por provincias”, afirma.

“Esto choca frontalmente con las intenciones del Consejero de Fomento de la Junta que dijo en sede parlamentaria en abril de 2016, de agilizar las convocatorias  de ayudas siguientes; ahora podemos decir que eso fue solo un brindis al sol, porque todas las convocatorias se resuelven y se pagan con dos años de retraso”, dice Redondo.

Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha tirado de las orejas a la Consejería ya que están creando unas expectativas a familias más vulnerables con estas ayudas, cuando saben que tardan dos años en resolverse. “En el PP creemos que este tipo de ayudas deberían resolverse en el mismo año de su convocatoria”, afirma.

Al mismo tiempo ha calificado de cinismo la forma de actuar de la administración autonómica que incluso ha denegado solicitudes de ayuda al alquiler alegando que el crédito está agotado, cuando sabemos que tienen casi 40 millones de euros que les ha aportado el Gobierno de España sin ejecutar, dice Redondo.

VIVIENDAS DELEGADOS JUNTA

Así mismo, Maria de O Redondo ha calificado de descaro y doble vara de medir la política de la Junta de gastar 48.000 euros mensuales para pagar el alquiler de viviendas a cargos públicos. De ellos, 2.400 euros al mes en la provincia de Córdoba para pagar el alquiler de la vivienda a dos delegados territoriales.

“El gobierno de Susana Díaz da casa gratis a sus altos cargos mientras que recorta, pone obstáculos y no se gasta el dinero que le da el Estado para los  andaluces y cordobeses en situación de mayor vulnerabilidad”, concluye.