El Partido Popular de Córdoba exige explicaciones al Partido Socialista, al Consejero de Empleo de la Junta y al Presidente de la Diputación Provincial por las ayudas presuntamente malversadas que ambas administraciones dieron a la Fundación Guadalquivir Futuro, muy vinculada al PSOE cordobés. Así lo han anunciado el diputado autonómico Miguel Ángel Torrico y el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba Andrés Lorite.

Según Torrico, hemos solicitado la comparecencia del Consejero de Empleo para que dé explicaciones y para que tome medidas concretas en este asunto, tanto en el ámbito político, administrativo como judicial.

“En los últimos días hemos conocido acusaciones directas que implican al actual Presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, y a la Consejera de Justicia, Rosa Aguilar, en este caso de presunta corrupción con ayudas públicas, y hasta el momento ambos han dado la callada por respuesta”, dice y continúa “ante unas acusaciones tan graves, de no ser ciertas, cualquier persona se iría a los juzgados a demandar; o van al juzgado o algo tienen que ocultar”.

Desde el punto de vista administrativo, queremos saber cuándo se va a ejecutar el reintegro de los 103.000 euros de fondos  públicos de todos los andaluces que ha recibido esta fundación afín al PSOE, y además “vamos a pedir que se paralicen durante cinco años (plazo impuesto por la propia Consejería de Empleo) el pago de ayudas pendientes del resto de Consejerías con esta fundación que está siendo investigada por un más que posible caso de corrupción”, dice Torrico.

Y desde el punto de vista judicial “vamos pedir explicaciones al Consejero de Empleo de por qué la Junta no se ha personado en la causa como perjudicada por un presunto caso de malversación de fondos públicos”, asegura.

Torrico ha recordado que este asunto afecta directamente a la Alcaldesa de Córdoba, ya que el principal implicado en esta trama iba en la lista del PSOE en la capital cordobesa y tenía un cargo de relevancia en la Juventudes Socialistas de la ciudad.

Por su parte, Andrés Lorite ha recordado que la Diputación Provincial concedió vía convenio nominativo una subvención de 40.000 euros a la Fundación Guadalquivir Futuro y lo hizo sin la solicitud previa de dicha organización. “Entendemos que lo normal es que las subvenciones se concedan previa solicitud; en este caso la subvención de 40.000 euros se concedió un mes antes de que llegara la solicitud, y a los 4 días Fundación Guadalquivir ya contaba con el dinero, la mayor subvención que la Diputación de Córdoba ha dado a un colectivo social”, afirma.

Ante esto cabe preguntarse “qué interés tenía el Presidente de la Diputación, del PSOE, con dar esta cantidad de dinero a una fundación que además en ese momento no estaba al corriente en el pago a la Seguridad Social”, se pregunta Lorite.

Además en la comisión de seguimiento de estas subvenciones la Fundanción Guadalquivir Futuro no ha aportado ninguna justificación del proyecto para el que se había recibido esa cantidad de dinero público.

Ante la imposibilidad de justificar el uso de esos fondos, la Fundación Guadalquivir Futuro pidió por escrito a la Diputación un aplazamiento y una segunda oportunidad, plazo que terminó hace pocas semanas y todavía no se han justificado los gastos de esos 40.000 euros. “Es la primera vez que la Diputación permite una segunda oportunidad para la justificación de una subvención; nos gustaría saber si de ahora en adelante esa será la práctica a seguir con ayuntamientos, colectivos y organizaciones que reciben fondos públicos de la Diputación de Córdoba, porque la realidad que vemos cada día son expedientes de reintegro sin más oportunidades”, dice el portavoz popular.

“Pedimos que se lleve a cabo el expediente de reintegro y que se devuelvan a todos los cordobeses esos 40.000 euros”, dice.

Así, el PP llevará al próximo pleno de la institución provincial una moción pidiendo que dentro del periodo que la Fundación Guadalquivir esté sancionada (5 años) no pueda recibir fondos públicos de la Diputación de Córdoba por la vía del convenio nominativo.

Además de que se establezca una cláusula que evite que en convocatorias de subvenciones puedan concurrir colectivos que tengan una sanción administrativa o una resolución judicial por uso fraudulento de fondos públicos.

“Esperemos que el PSOE respalde esta propuesta, porque de otro modo va a seguir dando pábulo a la opinión de que el Partido Socialista ampara estos dudosos usos de fondos públicos”, afirma Lorite y concluye, “tiene la oportunidad de desvincularse de forma definitiva ante una realidad que vemos cada día en sede judicial y en los medios de comunicación”.