La senadora del Partido Popular de Córdoba Beatriz Jurado ha valorado que su partido ha impulsado tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados medidas para que las ocupaciones se resuelvan en juicios rápidos y con penas mayores.

Para la senadora, en los últimos tiempos estamos viendo un incremento de problemas relacionados con la usurpación de viviendas, problemas que afectan tanto a los propietarios de esas viviendas ocupadas ilegalmente como a los vecinos de los inmuebles por los problemas que en muchas ocasiones conllevan.

Actualmente nuestro ordenamiento jurídico no está suficientemente adaptado para dar respaldo jurídico tanto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como a los Tribunales de Justicia para hacer frente a esta problemática. “Es penoso que el propietario del inmueble ocupado tenga que pasar por un largo proceso judicial para poder recuperar esa propiedad y se lleve a cabo el desalojo”, dice Beatriz Jurado. “Para que al final la condena al ocupa sea solo una multa que en la mayoría de casos no se hace efectiva; esto genera sensación de impotencia en la sociedad”.

Por ello, el Partido Popular ha conseguido aprobar un moción en la que se insta al gobierno a mejorar el marco normativo que regula el delito de usurpación de inmuebles, de manera que se modifique el artículo 245 del Código Penal para adaptar el tipo penal de usurpación a la situación actual; que se incluya en el ámbito del juicio rápido para agilizar los litigios, y que se modifique la legislación para que sea posible el desalojo de inmuebles desde el primer momento que se aprecie indicio de infracción penal.

Además, comenta la senadora popular, mientras que se producen esas modificaciones legislativas, el PP ha propuesto que estos procedimientos sean tratados como juicios rápidos, que haya un compromiso por identificar los edificios ocupados, promover la pronta denuncia de los propietarios y pedir medidas cautelares por parte de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato.

En el caso de que los ocupantes sean familias en riesgo de exclusión social, las administraciones implicadas deberán llevar a cabo las medidas necesarias para su realojo a través de los programas existentes.

“Sabemos que en Córdoba se vienen sucediendo casos de la ocupación de viviendas por parte de grupos organizados para luego hacer negocio con ellas o para usarlas en actividades ilícitas”, afirma Jurado y añade, “hay personas a las que este problema les puede llevar a arruinarles la vida; familias que tienen viviendas para alquilar para poder pagar las suyas y que se encuentran que son ocupadas”.

Se están ocupando viviendas de protección oficial de la Junta, inmuebles protegidos del casco histórico, y las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado. Por ello, dice, “con la seguridad que nos da haber hecho los deberes y proporcionar medidas desde el Gobierno central para luchar contra estas ocupaciones ilegales, pedimos a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que no se queden ajenos a esta situación que están viviendo muchos cordobeses”, concluye.