Dos de los tres vocales con los que ha contado el PP-A en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre supuestos fraudes en los cursos de formación, Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz-Sillero, han destacado este martes en Córdoba que en dicha provincia se situaron tres de las 45 empresas que, en toda Andalucía, constituyeron la “red clientelar clientelar del PSOE vinculada a la formación”.

En concreto, según ha detallado Torrico en rueda de prensa en la sede del PP cordobés, las tres empresas cordobesas habrían logrado ingresar en total unos 2,4 millones de euros en subvenciones destinadas a cursos de formación para el empleo, siendo una autoescuela, “de la que fue socio fundador” el que fuera alcalde socialista de Pozoblanco (Córdoba) y delegado de Empleo de la Junta en la provincia, Antonio Fernández, la que logró la cifra más alta en subvenciones, con “1.164.000 euros”.

Le sigue una empresa propiedad de la mujer del que fuera número dos del PSOE andaluz, el cordobés Rafael Velasco, la cual, según ha detallado Torrico, obtuvo “en torno a 930.000 euros en subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo”, algunas de ellas “otorgadas tres días después de que se constituyera la empresa”, de la que, según ha indicado el diputado regional del PP, Velasco actuó en alguna ocasión “a modo de representante”.

Torrico, quien ha criticado que Velasco no haya comparecido en la comisión de investigación parlamentaria para explicar “si él sabía quién filtró la información” periodística sobre este asunto que provocó su dimisión, también ha incluido en la lista de empresas cordobesas pertenecientes a dicha “red clientelar del PSOE” a una sociedad “propiedad del exconcejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Mauricio Antonio Montiglia”, que, según los datos del PP, logró 301.420 euros en “subvenciones para cursos de formación”.

Estas tres empresas cordobesas, según ha subrayado Torrico, forman parte de “todo un entramado, que el PP ha cifrado en Andalucía en, al menos, 45 empresas vinculadas directamente a cargos del PSOE, con un cómputo global de 101 millones de euros destinados solo a esas 45 empresas”. A esto hay que sumar, según ha concluido Torrico, que “la sede del PSOE de Nueva Carteya se alquiló a UGT para dar cursos” de formación “por 500 euros al mes”, añadiendo Ruiz-Sillero, por su parte, que, al margen de las responsabilidades políticas que su formación pide por los supuestos fraudes en los cursos de formación, en el ámbito judicial hay exaltos cargos socialistas cordobeses de la Junta, como María José Lara, que aparecen “como investigados” en distintos procedimientos.

1.970 MILLONES

Ruiz-Sillero ha recordado que, en total, el PP-A ha cifrado “la factura del perjuicio económico” del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones de euros, según se recoge en el documento que esta formación ha elaborado de propuesta de dictamen y conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz y que los populares ya presentaron.

Según el PP-A, de estos 1.970,6 millones, 822,3 millones son fondos estatales perdidos, a los que hay que sumar 46,9 millones de fondos europeos. Además, hay 539 millones de cantidades pendientes de justificar, 60 millones de reintegros pendientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), 20 millones de reintegros pendientes de los consorcios de Formación, más 82,4 millones de reintegros no devueltos de entidades a las que se reclama, y 400 millones de cantidades que la Junta aún adeuda a entidades del final de las liquidaciones. A lo largo de 174 páginas y 14 puntos, el PP hace un “relato” de todos los acontecimientos analizados sobre la formación profesional para el empleo, determinando responsabilidades políticas y haciendo recomendaciones para mejorar la normativa en materia de formación y evitar que el fraude vuelva a ocurrir en Andalucía.

El PP-A eleva responsabilidades políticas para 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además Díaz y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, María Jesús Montero y Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.